La casa por el tejado

 La casa por el tejado 

Pepe Raya

Hay algo francamente curioso en el debate actual sobre la vivienda: cuando faltan casas y los precios se disparan, la responsabilidad parece recaer siempre sobre el propietario. Da igual que tenga un piso heredado, tres apartamentos o trescientos: de pronto, todos parecen formar parte de una conspiración destinada a impedir que los jóvenes puedan emanciparse. Pero convendría recordar una obviedad que parece haberse perdido por el camino: los propietarios, sean pequeños o grandes tenedores, no son el Gobierno ni tienen la obligación de suplir las funciones propias de un Estado socialdemócrata. Un propietario debe cumplir la ley, pagar sus impuestos y respetar los derechos de sus inquilinos, pero no tiene por qué financiar con su patrimonio una política social que corresponde diseñar y ejecutar a las Administraciones públicas. Si un Gobierno considera que la vivienda es un derecho y que el mercado, por sí solo, no garantiza su acceso, debe actuar sobre la raíz del problema: aumentar de manera decidida la oferta de vivienda pública, protegida y asequible, facilitar suelo, agilizar la construcción y mantener un parque público permanente. Existe, además, una regla bastante sencilla: cuando aumenta significativamente la oferta allí donde existe una demanda elevada, la presión sobre los precios tiende a disminuir. Cuanto mayor sea la alternativa pública de alquiler asequible, menor será también la capacidad del mercado privado para imponer precios desorbitados. Durante el franquismo, entre 1951 y 1975, se construyeron en España más de cinco millones de viviendas, aproximadamente 3,3 millones de ellas protegidas. José Luis de Arrese, falangista y ministro de Vivienda, fue uno de los impulsores de aquella política. Recordarlo no significa blanquear el franquismo ni convertirlo en ejemplo político; significa reconocer que, cuando un Estado decide construir vivienda a gran escala, puede movilizar recursos para hacerlo. Lo verdaderamente extraño es que hoy se pretenda que el propietario privado sea simultáneamente casero, promotor social, regulador de precios y responsable último de garantizar un derecho cuya garantía corresponde, en buena medida, a los poderes públicos. Si la vivienda es un derecho, el Estado debe contribuir decisivamente a garantizarlo; si es una mercancía, habrá que dejar que el mercado funcione con reglas claras. Lo que resulta difícil de sostener es convertir al propietario en el culpable automático de una escasez estructural. La especulación no se combate únicamente señalando a quien posee una vivienda; también se combate aumentando la oferta hasta conseguir que la escasez deje de ser el combustible del mercado. Para conseguirlo existe una medida bastante menos sofisticada que inventar culpables: construir. Construir mucho, construir bien y construir vivienda asequible. Después podremos discutir quién alquila, quién compra y cuánto debe pagar. Mientras no haya casas suficientes, seguiremos intentando resolver el problema de la vivienda hablando de los propietarios. Qué manera tan original de construir una casa: empezar por el tejado.


Decepción

Pepe Raya

 

Yo no he venido a este mundo para ser un fantoche con carnet, un pelele obediente ni un defensor a ultranza de ninguna sigla. Yo voté a la izquierda porque creía en la justicia social, en la igualdad, en los servicios públicos y en una política capaz de defender al ciudadano sin convertirlo en rehén electoral. Hoy sigo creyendo en esos principios, pero ya no reconozco en ellos a la izquierda que gobierna. Y ahí está mi decepción. Demasiadas promesas incumplidas, demasiados errores sin responsables, demasiadas explicaciones vacías y demasiadas ocasiones en las que nadie parece dispuesto a pronunciar las dos palabras más sencillas y más difíciles de la política: nos equivocamos. Y además, cero dimisiones. Cuando la responsabilidad siempre pertenece a otro, cuando la crítica se convierte en enemistad y cuando las siglas terminan importando más que las ideas, algo se ha roto. También se ha roto, en mi opinión, la frontera entre la política y el espectáculo. Personas vulnerables convertidas artificialmente en símbolos, tragedias humanas utilizadas como munición partidista y una ciudadanía obligada a contemplar cómo cada desgracia se transforma en una batalla electoral. La política debería resolver problemas, no fabricar enemigos. Y una democracia sana debería permitir que un ciudadano de izquierdas critique a su propio partido sin ser acusado de hacerle el juego a la derecha. Ahí está la otra gran trampa: el miedo. “O nosotros o la ultraderecha”. “O nosotros o el desastre”. Qué argumento tan cómodo para quien pretende convertir el miedo en disciplina electoral. Mi voto no pertenece a ningún partido y mis principios tampoco. Yo no he cambiado necesariamente de ideas; quizá sean quienes dicen representarlas los que han cambiado demasiado. Nunca he sido un admirador de la derecha, pero si una izquierda sectaria, dogmática y alejada de la realidad me empuja hacia el centro, no será porque yo haya dejado de creer en la izquierda, sino porque esa izquierda ha dejado de parecerse a aquello en lo que yo creía. No quiero que me asusten con la derecha para impedirme criticar a la izquierda. No quiero elegir entre dos miedos. Quiero elegir con libertad, memoria y conciencia. Y si algún día tengo que escoger entre mis principios y unas siglas, escogeré mis principios. Mi voto no es un cheque en blanco. Si la izquierda ha dejado de escuchar a quienes durante décadas la sostuvieron, tendrá que asumir las consecuencias.

 

 



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