Trajes y joyas

 

Hace unos días recibí la llamada de un buen amigo. Como suele ocurrir cuando conversamos, el diálogo derivó pronto hacia la política. Fue un intercambio cordial y sereno, en el que ambos expusimos nuestros respectivos puntos de vista sin interrupciones, sin descalificaciones y con el respeto mutuo que debería presidir cualquier conversación entre personas que se aprecian. Sin embargo, al concluir, me quedó una sensación familiar: la de no haber sido verdaderamente escuchado. Tengo la impresión de que, con demasiada frecuencia, las personas no conversan para comprender, sino para reafirmar sus propias convicciones. Escuchan mientras preparan su siguiente argumento y, en consecuencia, las aportaciones ajenas apenas encuentran espacio para ser consideradas. Durante aquella conversación no alcanzamos ningún punto de encuentro. Mi interlocutor centraba su atención exclusivamente en sus propias reflexiones y conclusiones, sin conceder relevancia a los matices que yo trataba de introducir. No obstante, debo reconocer que quizá yo mismo incurra, en ocasiones, en aquello que critico. Por ello, prefiero exponer estas ideas y dejar al juicio y al raciocinio de cada lector la valoración de las mismas. Mi reflexión giraba en torno a una cuestión que considero fundamental: la ausencia, en nuestro país, de una auténtica cultura de la responsabilidad política. No hemos heredado una tradición sólida de honestidad pública ni de dimisión ante los errores o las conductas impropias. Mientras que en algunos países nórdicos o en Japón la exigencia ética hacia los responsables públicos alcanza cotas muy elevadas, en España la renuncia a un cargo parece una excepción extraordinaria. Recuerdo el enorme revuelo que provocó en su día el llamado caso de los trajes de Francisco Camps, quien finalmente fue absuelto. Si la memoria no me falla, se llegó a acreditar que aquellas prendas, valoradas en una cantidad relativamente modesta, habían sido abonadas por él mismo. En contraste, hoy asistimos a la indignación que suscitan otros episodios relacionados con bienes de lujo cuyo valor resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de los ciudadanos. No se trata de recurrir al estéril argumento del “y tú más”, que nada resuelve, sino de aplicar un criterio coherente y proporcional a todos los casos, con independencia de la ideología de quien los protagonice. Quienes ejercemos una crítica severa hacia determinadas actuaciones de la izquierda política somos con frecuencia etiquetados automáticamente como personas de derechas. Hemos llegado a un punto en el que incluso la objetividad parece haberse ideologizado.

Algo similar sucede con la Justicia. Hemos normalizado la costumbre de clasificar a los jueces como progresistas o conservadores, una práctica que erosiona la confianza en las instituciones y transforma la percepción de la justicia en una suerte de mercado de intereses enfrentados. Las resoluciones judiciales deben respetarse, del mismo modo que la presunción de inocencia debe preservarse como uno de los pilares esenciales del Estado de derecho.

Si a estos principios añadimos una verdadera cultura de la dimisión y, cuando corresponda, la convocatoria de elecciones para devolver la palabra a los ciudadanos, estaríamos construyendo un sólido trípode democrático. Sobre esa base, el respeto a la pluralidad y a la diversidad de opiniones se convierte en el ingrediente indispensable para la convivencia. Solo así podrán consolidarse de forma natural el bienestar colectivo, la confianza en las instituciones y la justicia que todos, sin excepción, anhelamos.